Su legitimidad territorial se remonta al periodo colonial, avalada por títulos primordiales que reconocen formalmente sus derechos ancestrales sobre las tierras que hoy ocupan. Esta base jurídica fue reafirmada mediante un decreto presidencial, consolidando su autonomía como comunidad indígena con personalidad jurídica y derechos sobre su territorio con 18,138.32 hectáreas perimetrales. Según diario de la Federación del día 25 de noviembre de 1991, de resolución presidencial, donde se declara que los terrenos comunales que se reconocen y titulan son inalienables, imprescriptibles e inembargables.
Antes de cada sesión mensual, celebrada el primer domingo de mes, se reúne el consejo de concejales: comuneros censados, expresidentes municipales, exgerentes y exautoridades comunales. Juntos analizan temas importantes para que las decisiones de la asamblea nazcan del diálogo informado y el respeto mutuo.
Actualmente, la comunidad está integrada por 1,282 comuneros activos, quienes sesionan de manera democrática cada primer domingo del mes. Antes de cada sesión general, se celebra una reunión de concejales —un espacio consultivo conformado por comuneros censados, expresidentes municipales, exgerentes y exautoridades comunales— donde se analizan asuntos estratégicos para la vida comunitaria. Esta instancia fortalece el diálogo intergeneracional y la toma de decisiones informada.
La representación oficial de la comunidad recae en sus autoridades comunales, nombradas por la asamblea de comuneros para un periodo de tres años. Estas autoridades son:
- Presidente del Comisariado, acompañado por su Secretario y Tesorero
- Presidente de Vigilancia, asistido por su Primer Secretario y Segundo Secretario
Esta estructura garantiza el equilibrio entre administración, vigilancia y gobernanza democrática, reflejando el compromiso profundo de la comunidad con la transparencia, la participación colectiva y el respeto por sus raíces.
Representantes Comunales
